La industria del juicio ha retornado a la Argentina representando un costo de 500 millones de pesos anuales a los prestadores del servicio de salud. Para defenderse de esta situación, utilizan la “medicina defensiva” que consiste en prescribir más estudios de los necesarios para evitar eventuales demandas generando un incremento de los costos del sistema. Otra manera de salvaguardarse en contratar elevados seguros por parte de los médicos.
“En la actualidad, las demandas por mala praxis provocan un gasto adicional al sistema sanitario del orden de los 500 millones de pesos anuales”, precisó Marcelo Mastrángelo, presidente de ACAMI, entidad que nuclea a prestadores sin fines de lucro e integran,entre otros, a los hospitales Alemán, Británico, Italiano, San Juan de Dios, Sanatorio San José, Mater Dei, CEMIC, FLENI, OSDE y la Fundación Favaloro.
De acuerdo con los datos que se manejan la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (ACAMI) se estima que el 20% del cuerpo médico afronta en la Argentina alguna demanda por supuesta "mala praxis” alcanzando, la mayoría de las veces, a las instituciones asistenciales donde desempeñan sus tareas. Del total de las demandas realizadas, el 32% recae en los médicos y el 68% en las instituciones asistenciales, incluyendo obras sociales y prepagas, que deben contratar seguros con grandes capitales ante el aumento de la siniestralidad.
Las demandas rondan los 400 mil pesos, aunque apenas el 6% de los juicios en curso tendrá una sentencia condenatoria. El problema radica en que “aunque la sentencia favorezca al demandado, la Justicia suele determinar que el profesional o el centro asistencial debe abonar el 50% de las costas del juicio”, indicó Mastrángelo. “La legislación posibilita que, en promedio, siete de cada diez personas puedan litigar sin gastos, alegando que no pueden afrontar los costos, lo que promueve mayores reclamos", explicó el presidente de ACAMI.
Para solucionar esta situación, los prestadores y los médicos reclaman modificar el régimen de prescripción, establecer topes en los montos indemnizatorios y mayor control en el beneficio de litigar sin gastos, entre otras variantes legales.
