La Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal fue denunciada ante el Consejo de la Magistratura por haber beneficiado de manera supuestamente indebida a los integrantes de una desaparecida compañía de seguros y a autoridades de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
De acuerdo con esta denuncia, formulada por el abogado Ricardo Monner Sans, los camaristas que pasaron por la Sala II (Juan Fégoli, Pedro David, Gustavo Mitchell y Ángela Ledesma) se habrían desdicho de una resolución anterior que había puesto a los mismos imputados (entre otros, integrantes del directorio de dos compañías y el ex superintendente de Seguros Ignacio Warnes Isaurralde) al borde del juicio oral y público por un presunto fraude.
En la misma causa, un fiscal había pedido que se citara a declaración indagatoria a Claudio Morini, ex superintendente de Seguros y actual titular de la AFIP, pero el juez Rodolfo Canicoba Corral nunca aceptó el requerimiento.
El abogado Monner Sans presentó esta denuncia ante el Consejo, que ahora deberá decidir si le da curso o no mediante su Comisión de Acusación y Disciplina.
El caso está vinculado con el traspaso de la ex compañía de seguros Omega (presidida por Carlos Fucito) a LUA (de Mario Cirigliano), mediante una supuesta maniobra que perjudicó a los particulares asegurados por Omega.
Siempre según la denuncia, "el traspaso fraudulento del giro comercial de las firmas Omega a LUA estuvo encaminado a evitar que la segunda de las firmas no tuviera responsabilidad alguna en las deudas de la primera respecto de las deudas anteriores al 1 de septiembre de 2000".
El juez federal Rodolfo Canicoba Corral había dictado el procesamiento de directivos de Omega y de la Superintendencia de Seguros de la Nación y les había trabado embargos por entre 1 y 2 millones de pesos. La Sala I de la Cámara Federal confirmó esos procesamientos y los extendió a otros directivos. Por último, la Sala II de la Casación --aquí denunciada-- los dejó firmes, según se relata en la presentación conocida ayer.
De la documentación surge que estos camaristas, el 3 de noviembre de 2006, resolvieron que "todos los procesamientos habían quedado firmes y que sólo quedaba pendiente el recurso vinculado con el embargo" que pesaba sobre algunos de los procesados.
Sin embargo, el mismo tribunal desprocesó a los involucrados, dijo Monner Sans. "Asumiendo una jurisdicción que no tenía, (la Sala II) se desdijo un año y medio después y, en flagrante violación de las nociones constitucionales del debido proceso y de la defensa en juicio, dictó un pronunciamiento que le estaba vedado pronunciar", denunció Monner Sans ante el Consejo de la Magistratura al pedir el juicio político de los jueces a los que acusó.
De acuerdo con esta denuncia, formulada por el abogado Ricardo Monner Sans, los camaristas que pasaron por la Sala II (Juan Fégoli, Pedro David, Gustavo Mitchell y Ángela Ledesma) se habrían desdicho de una resolución anterior que había puesto a los mismos imputados (entre otros, integrantes del directorio de dos compañías y el ex superintendente de Seguros Ignacio Warnes Isaurralde) al borde del juicio oral y público por un presunto fraude.
En la misma causa, un fiscal había pedido que se citara a declaración indagatoria a Claudio Morini, ex superintendente de Seguros y actual titular de la AFIP, pero el juez Rodolfo Canicoba Corral nunca aceptó el requerimiento.
El abogado Monner Sans presentó esta denuncia ante el Consejo, que ahora deberá decidir si le da curso o no mediante su Comisión de Acusación y Disciplina.
El caso está vinculado con el traspaso de la ex compañía de seguros Omega (presidida por Carlos Fucito) a LUA (de Mario Cirigliano), mediante una supuesta maniobra que perjudicó a los particulares asegurados por Omega.
Siempre según la denuncia, "el traspaso fraudulento del giro comercial de las firmas Omega a LUA estuvo encaminado a evitar que la segunda de las firmas no tuviera responsabilidad alguna en las deudas de la primera respecto de las deudas anteriores al 1 de septiembre de 2000".
El juez federal Rodolfo Canicoba Corral había dictado el procesamiento de directivos de Omega y de la Superintendencia de Seguros de la Nación y les había trabado embargos por entre 1 y 2 millones de pesos. La Sala I de la Cámara Federal confirmó esos procesamientos y los extendió a otros directivos. Por último, la Sala II de la Casación --aquí denunciada-- los dejó firmes, según se relata en la presentación conocida ayer.
De la documentación surge que estos camaristas, el 3 de noviembre de 2006, resolvieron que "todos los procesamientos habían quedado firmes y que sólo quedaba pendiente el recurso vinculado con el embargo" que pesaba sobre algunos de los procesados.
Sin embargo, el mismo tribunal desprocesó a los involucrados, dijo Monner Sans. "Asumiendo una jurisdicción que no tenía, (la Sala II) se desdijo un año y medio después y, en flagrante violación de las nociones constitucionales del debido proceso y de la defensa en juicio, dictó un pronunciamiento que le estaba vedado pronunciar", denunció Monner Sans ante el Consejo de la Magistratura al pedir el juicio político de los jueces a los que acusó.
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